Cuando una persona se ve involucrada en un accidente de tráfico y presenta lesiones físicas que precisan tratamiento y/o resulta dañado su vehículo, decidirá acudir a un abogado para reclamar los daños y perjuicios ocasionados.
Ahora bien, todo asegurado debería saber que la Ley de Contrato de Seguro permite elegir libremente el Abogado y Procurador que vaya a defender sus intereses, en virtud de la garantía de defensa jurídica que figura en la póliza de seguro de automóvil, pero las compañías aseguradoras a veces tratan de forma superflua tal cobertura con sus clientes.
Por ese motivo, a través de la presente entrada queremos poner en conocimiento de las víctimas de accidentes de circulación los derechos que le pertenecen y una vez estén debidamente informados, puedan sopesar los pros y los contras antes de tomar cualquier decisión.
Es claro, por tanto, que los accidentados podrán quedarse con el abogado que les asigne la compañía en la que tengan asegurado su vehículo (o su hogar, si se trata de atropellos a peatones o ciclistas) o, por el contrario, podrán contratar un abogado externo, desvinculado totalmente de cualquier entidad aseguradora.
La cobertura de defensa jurídica es un derecho esencial de los asegurados que trata de dar asistencia legal a las víctimas de accidentes de tráfico cuando necesiten presentar una reclamación indemnizatoria en defensa de sus intereses.
Según el artículo 76.d) de la Ley de Contrato de Seguro: “El asegurado tendrá derecho a elegir libremente el Procurador y Abogado que hayan de representarle y defenderle en cualquier clase de procedimiento. El asegurado tendrá, asimismo, derecho a la libre elección de Abogado y Procurador en los casos en que se presente conflicto de intereses entre las partes del contrato. El Abogado y Procurador designados por el asegurado no estarán sujetos, en ningún caso, a las instrucciones del asegurador.”
Por tanto, si el lesionado decide dejar su reclamación en manos de un abogado particular, ello supondrá que podrá escoger uno de confianza o simplemente el que más profesionalidad le transmita de los que hay en el mercado, sin olvidarse de la importancia de contratar un profesional jurídico experto en la materia, la cual requiere una alta especialización debido a los recientes cambios legislativos.
En muchas ocasiones nos encontramos que la oferta motivada de las compañías
aseguradoras es muy inferior a la que realmente le corresponde al perjudicado, es
decir, existe un conflicto de intereses.
Debemos tener en cuenta que hoy en día los siniestros con daños materiales se resuelven por medio de los sistemas CICOS (Centro Informático de Compensación de Siniestros) o SDM (Siniestros de Daños Materiales), evitando así la judicialización de muchos accidentes. Ello implica que sea la propia aseguradora del perjudicado, la encargada de tasar e indemnizar los daños materiales ocasionados, por lo que existe el riesgo de que el mismo no reciba la mayor indemnización posible.
En cuanto a las lesiones físicas sufridas no debemos olvidar que las aseguradoras pueden controlar el tratamiento médico de los lesionados, llegando incluso a restringir y paralizar las pruebas y sesiones de rehabilitación, para darle el alta médica al paciente lo antes posible.
Lógicamente los abogados de las compañías aseguradoras harán ademán de luchar por conseguir la indemnización más alta posible, pero sin embargo intentaran llegar a un acuerdo extrajudicial de forma rápida y sin analizar apenas el caso. Harán especial hincapié en que acepte la oferta motivada para no tener que acudir a la vía judicial, pues tienen un gran volumen de trabajo y resultaría antieconómico a la aseguradora.
Después de todo lo comentado y tras años de experiencia en el sector, nuestro equipo de profesionales quiere evidenciar que las víctimas de accidentes de tráfico salen totalmente beneficiadas si contratan a un abogado particular, siempre y cuando les resulte de confianza y cuente con una amplia experiencia en la negociación y cuantificación de indemnizaciones.
Lo que ocurre es que el cliente del abogado que le proporcione su compañía es la propia entidad aseguradora, mientras que el cliente de un abogado particular es directamente el accidentado. Quiere decir que el trabajo del abogado de la compañía siempre estará dirigido por la propia entidad aseguradora y no gozará con la misma libertad de decisión de un abogado de libre elección.
La mayoría de abogados particulares que tramitan reclamaciones por accidentes de tráfico trabajan a comisión, cobrando un porcentaje de la indemnización que se consiga, motivo por el que siempre van a luchar para obtener la máxima indemnización.
Además, según el artículo 76.a) de la Ley de Contrato de Seguro: “Por el seguro de defensa jurídica, el asegurador se obliga, dentro de los límites establecidos en la Ley y en el contrato, a hacerse cargo de los gastos en que pueda incurrir el asegurado como consecuencia de su intervención en un procedimiento administrativo, judicial o arbitral,
y a prestarle los servicios de asistencia jurídica judicial y extrajudicial derivados de la cobertura del seguro”.
Esto quiere decir que la cobertura de defensa jurídica tiene un límite económico recogido en la póliza de seguro, lo que no quiere decir que vayan a pagar al abogado particular el importe máximo establecido, sino únicamente lo cantidad que resulte según el baremo orientador de honorarios profesionales.
El objetivo de nuestro equipo, formado por médicos expertos en la valoración del daño y abogados especializados en accidentes de tráfico es conseguir la mayor compensación económica a las víctimas, siempre valorando el inconmensurable sufrimiento que dicho acontecimiento les pueda causar.
- COVERTURA DE DEFENSA JURÍDICA
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La cobertura de defensa jurídica es un derecho esencial de los asegurados que trata de dar asistencia legal a las víctimas de accidentes de tráfico cuando necesiten presentar una reclamación indemnizatoria en defensa de sus intereses.
Según el artículo 76.d) de la Ley de Contrato de Seguro: “El asegurado tendrá derecho a elegir libremente el Procurador y Abogado que hayan de representarle y defenderle en cualquier clase de procedimiento. El asegurado tendrá, asimismo, derecho a la libre elección de Abogado y Procurador en los casos en que se presente conflicto de intereses entre las partes del contrato. El Abogado y Procurador designados por el asegurado no estarán sujetos, en ningún caso, a las instrucciones del asegurador.”
Por tanto, si el lesionado decide dejar su reclamación en manos de un abogado particular, ello supondrá que podrá escoger uno de confianza o simplemente el que más profesionalidad le transmita de los que hay en el mercado, sin olvidarse de la importancia de contratar un profesional jurídico experto en la materia, la cual requiere una alta especialización debido a los recientes cambios legislativos.
- CONFLICTO DE INTERESES
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En muchas ocasiones nos encontramos que la oferta motivada de las compañías
aseguradoras es muy inferior a la que realmente le corresponde al perjudicado, es
decir, existe un conflicto de intereses.
Debemos tener en cuenta que hoy en día los siniestros con daños materiales se resuelven por medio de los sistemas CICOS (Centro Informático de Compensación de Siniestros) o SDM (Siniestros de Daños Materiales), evitando así la judicialización de muchos accidentes. Ello implica que sea la propia aseguradora del perjudicado, la encargada de tasar e indemnizar los daños materiales ocasionados, por lo que existe el riesgo de que el mismo no reciba la mayor indemnización posible.
En cuanto a las lesiones físicas sufridas no debemos olvidar que las aseguradoras pueden controlar el tratamiento médico de los lesionados, llegando incluso a restringir y paralizar las pruebas y sesiones de rehabilitación, para darle el alta médica al paciente lo antes posible.
Lógicamente los abogados de las compañías aseguradoras harán ademán de luchar por conseguir la indemnización más alta posible, pero sin embargo intentaran llegar a un acuerdo extrajudicial de forma rápida y sin analizar apenas el caso. Harán especial hincapié en que acepte la oferta motivada para no tener que acudir a la vía judicial, pues tienen un gran volumen de trabajo y resultaría antieconómico a la aseguradora.
Después de todo lo comentado y tras años de experiencia en el sector, nuestro equipo de profesionales quiere evidenciar que las víctimas de accidentes de tráfico salen totalmente beneficiadas si contratan a un abogado particular, siempre y cuando les resulte de confianza y cuente con una amplia experiencia en la negociación y cuantificación de indemnizaciones.
Lo que ocurre es que el cliente del abogado que le proporcione su compañía es la propia entidad aseguradora, mientras que el cliente de un abogado particular es directamente el accidentado. Quiere decir que el trabajo del abogado de la compañía siempre estará dirigido por la propia entidad aseguradora y no gozará con la misma libertad de decisión de un abogado de libre elección.
- HONORARIOS DEL ABOGADO PARTICULAR
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La mayoría de abogados particulares que tramitan reclamaciones por accidentes de tráfico trabajan a comisión, cobrando un porcentaje de la indemnización que se consiga, motivo por el que siempre van a luchar para obtener la máxima indemnización.
Además, según el artículo 76.a) de la Ley de Contrato de Seguro: “Por el seguro de defensa jurídica, el asegurador se obliga, dentro de los límites establecidos en la Ley y en el contrato, a hacerse cargo de los gastos en que pueda incurrir el asegurado como consecuencia de su intervención en un procedimiento administrativo, judicial o arbitral,
y a prestarle los servicios de asistencia jurídica judicial y extrajudicial derivados de la cobertura del seguro”.
Esto quiere decir que la cobertura de defensa jurídica tiene un límite económico recogido en la póliza de seguro, lo que no quiere decir que vayan a pagar al abogado particular el importe máximo establecido, sino únicamente lo cantidad que resulte según el baremo orientador de honorarios profesionales.
El objetivo de nuestro equipo, formado por médicos expertos en la valoración del daño y abogados especializados en accidentes de tráfico es conseguir la mayor compensación económica a las víctimas, siempre valorando el inconmensurable sufrimiento que dicho acontecimiento les pueda causar.
